COPADEBA

Movimientos de protesta urbana en la República Dominicana
Emelio Betances
Esta ponencia está dedicada al estudio de los movimientos sociales urbanos recientes en la República Dominicana, con el fin de explicar por qué no lograron conquistar las reivindicaciones que se propusieron. Planteamos que los fracasos de los movimientos sociales se debieron a la falta de una estructura de oportunidades políticas que propiciara su éxito frente al Estado. La exposición está divida en tres partes: la primera expone el marco conceptual general empleado para explicar el desarrollo de los movimientos sociales dominicanos, la segunda se enfoca en el ciclo de protestas1 que surgió entre 1979 y 1991 y la tercera se concentra en el estudio de dos organizaciones que cobraron forma en el marco de la apertura política que se inició con la transición democrática de 1978. Estas organizaciones son el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) y Ciudad Alternativa. En particular, nos interesa explicar el surgimiento de ambas para identificar los factores que acotan el éxito relativo de sus estrategias para conseguir sus reivindicaciones, mientras que la mayoría de los otros movimientos populares no obtenían los suyos.
Marco conceptual
En las últimas tres décadas, los movimientos sociales dominicanos se han dividido en tres grandes sectores: los movimientos populares no laborales, los de profesionales y el sindical. En los años ochenta los dirigentes de las centrales sindicales fueron invitados a una serie de diálogos convocados por la Iglesia católica entre empresarios, Gobierno y trabajadores. Estos diálogos permitieron que los sindicalistas lograran reformas al código del trabajo que no había sido modificado desde la Era de Trujillo (1930-1961), prestaciones de salud, mejoras salariales y reconocimiento como interlocutores válidos por el Estado. Este reconocimiento llevó a la mayoría de estos líderes a concebirse progresivamente como un sector diferente dentro de los movimientos sociales y a considerar, junto con la Iglesia, el Estado y los empresarios, al movimiento popular barrial como una parcela aparte que carecía de representantes reconocidos. El movimiento de profesionales no fue invitado a estos diálogos probablemente por ser considerado contestatario y por estar aliado al movimiento popular barrial en los ochenta. Indudablemente, la incorporación del movimiento sindical a los diálogos y el trato que recibió por parte del Estado y los empresarios contribuyeron poderosamente a la división del movimiento social.
1 Se refiere a “al aumento de conflictos y desacuerdos en todo el sistema social. Esta ciclo incluye: una difusión rápida de acción colectiva de sectores más movilizados a sectores menos movilizados, un paso acelerado de innovación de las formas de expresar los desacuerdos, marcos de acción colectiva nuevos o transformados, una combinación de participación organizada y desorganizada, y una secuencia de interacción intensificada entre actores y autoridades que puede tener como resultado reformas, represión y, algunas veces, la revolución” (Tarrow, 1994:153)
2
La convocatoria a diálogo es parte de un modelo de dominación que se basa en la cooptación/represión para ejercer la gobernabilidad en una sociedad llena de conflictos sociales, donde el imperio de la ley es realmente deficiente y los grupos dominantes se sienten amenazados por la proliferación de movimientos de protestas. Este modelo combina la cooptación política con la represión abierta, forzando a los movimientos sociales a confrontar la cooptación de líderes para que no socaven los proyectos del Estado y represión para todos aquellos que no estén dispuestos a aceptar los lineamientos trazados por las elites políticas dominantes. El clientelismo político es el signo distintivo de la cooptación política y todos los partidos dominantes lo emplean para atraer a líderes sociales e involucrarlos en sus estrategias de dominación. Este aspecto de la política dominicana ha sido muy destructivo para los movimientos sociales y ha impedido que éstos hayan podido desarrollar sólidas instituciones populares u obtenido respuestas a sus reivindicaciones.
El modelo de dominación basado en la cooptación/represión no varió cuando empezó la transición democrática en 1978 bajo los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sino que continuó durante los gobiernos posteriores. Lo que sí cambió fueron las aperturas políticas que se dieron en momentos históricos determinados, pero que por su debilidad, una gran parte de los movimientos sociales no pudo sacar mayor provecho de ellas.
La estructura de oportunidades políticas es fundamental a la hora de analizar el éxito o fracaso de los movimientos sociales. En sus inicios, las grandes escuelas de pensamiento en torno a los movimientos sociales en Europa se preguntaban por qué surgían los movimientos sociales, por qué las sociedades y Estados contemporáneos llevaban a gente de clase media a organizarse en movimientos, entonces, denominados “nuevos movimientos sociales,” por oposición a los viejos movimientos organizados alrededor de la clase obrera. Por su parte, los sociólogos estadounidenses ponían su mira en los recursos que movilizaban los actores sociales, es decir, cómo lograban organizar a la gente (Touraine, 1968, 1969, 1987; Melucci, 1980, 1988:329-48; Snow et al. 2005). Más recientemente, Sidney Tarrow (1994:83, McAdam et al., 2001) ha señalado que estas grandes escuelas de pensamiento habían dejado de lado una variable intermedia importantísima que se refiere a la estructura de las oportunidades políticas, es decir, en qué contexto sociopolítico se forman los movimientos sociales. Ninguna de estas escuelas tomaba en cuenta lo que él llama la estructura de la oportunidad política y por eso no podían explicar por qué los movimientos surgían en determinado momentos y luego declinaban. Las grandes victorias de los movimientos sociales están relacionadas con ciclos de oportunidades políticas que aparecen en determinados momentos de la historia y que luego se cierran. Tarrow define la estructura de la oportunidad política de la manera siguiente:
“Entiendo por estructura de la oportunidad política una forma consistente aunque no necesariamente formal o permanente de las dimensiones del entorno político que animan
o
3
o desaniman a la gente para participar en acciones colectivas. El concepto de oportunidad política enfatiza la existencia de recursos externos al grupo – a diferencia del dinero o el poder – que se pueden aprovechar aún por actores débiles o desorganizados. Los movimientos sociales se forman cuando ciudadanos comunes, animados por sus líderes, responden a cambios en oportunidades que bajan el costo de la acción colectiva, revelan aliados potenciales y muestran los puntos vulnerables de las elites y las autoridades” (Tarrow, 1994:18).
El concepto de estructura de la oportunidad política nos puede ayudar a comprender por qué bajo determinadas circunstancias históricas los movimientos sociales pueden tener éxitos sorprendentes, aunque efímeros, ejercer influencia sobre las elites y las autoridades y luego, de repente, perderla a pesar de haber hecho esfuerzos para impedirlo. Según Tarrow, la estructura de la oportunidad política tiene cuatro características: apertura de acceso a la participación, disponibilidad de aliados influyentes, cambios en las alineaciones reinantes y conflictos dentro y entre las elites. (Tarrow, 1994:85-86). En el caso dominicano encontramos que sólo la primera de estas características está presente en el ciclo de protestas de1979-1991. Planteamos que la inexistencia de las restantes características llevó, en gran medida, a que los movimientos no alcanzaran una gran parte de sus reivindicaciones.
Movimientos sociales y oportunidades políticas
La victoria del PRD en las elecciones de 1978 abrió un nuevo espacio que permitió el regreso de los exiliados políticos, la actividad abierta de la izquierda y la libertad de los presos políticos. Esta apertura permitió la reactivación del movimiento social de manera abierta, algo que no se había podido hacer durante los tres Gobiernos autoritario de Joaquín Balaguer (1966-1978). Asimismo, el gobierno del PRD, encabezado por Silvestre Antonio Guzmán Fernández (1978-1982), ejecutó una política económica que tenía por objeto crear empleos y, de esa manera, “inducir la demanda” y consecuentemente el crecimiento económico. Sin embargo, esta estrategia económica conllevó al abultamiento del presupuesto nacional y el Gobierno se vio obligado a tomar préstamos para pagar los salarios de los empleados públicos, que habían aumentado sustancialmente. Desafortunadamente, en estas circunstancias, tuvo que enfrentar el huracán Frederick en 1979, que dejó grandes destrucciones en el país y posteriormente el aumento del precio del petróleo en el mercado internacional. En particular, el aumento del petróleo condujo al incremento de los precios del pasaje al transporte público, provocando en 1979 una importante huelga de choferes encabezada por un sector sindical que había sido uno de los principales aliados del PRD. Esta huelga contaba con amplio respaldo popular y el Gobierno la reprimió brutalmente, creando una crisis en sus relaciones con el movimiento popular.
A partir de ese momento el Gobierno y su partido no pudieron retener su hegemonía sobre el movimiento social pues, mostraron que estaban dispuestos a emplear la fuerza represiva al igual que lo había hecho Balaguer. Mientras el Gobierno se alejaba del movimiento social, consolidaba sus relaciones con los sectores de poder, enviándoles señales claras de que estaba alineado con ellos y era su representante leal. El Gobierno enviaba estas señales en busca de recuperar apoyos que habían estado ligados a los gobiernos de Balaguer, los cuales todavía tenían dudas del PRD. Esto quiere decir que la
o
4
oportunidad política que se había abierto con la llegada del PRD al poder era más bien estrecha y se limitaba al acceso a la participación política con serias restricciones. El Gobierno estaba dispuesto a seguir empleando el modelo de cooptación/represión como lo había hecho Balaguer durante sus 12 años en el poder. En pocas palabras, la denominada transición democrática estaba sumamente circunscrita pues la forma autoritaria del Estado no había cambiado, ni había ningún conflicto relevante entre las elites dominantes y éste. Tampoco había conflicto importante que las dividiera políticamente. Por consiguiente, las oportunidades políticas estaban restringidas para el movimiento social.
La crisis creada por la represión a la huelga de choferes de 1979, dividió el movimiento popular entre aquellos que siguieron apoyando al Gobierno y quienes se fueron a la oposición. En realidad, sectores importantes del partido procedieron a cooptar una parte importante del movimiento popular a través del clientelismo político que incluía la oferta de empleos y/o posiciones en el Estado. La dirección del partido procedió a ejercer un mayor control de las organizaciones populares e incluso creó las juntas de vecinos a nivel nacional con el fin de tener una presencia en el seno del pueblo. César Pérez y Leopoldo Artiles (1992: 39) señalan que “a través de estos agentes, el partido en el gobierno amplió sus bases de sustentación, incorporando al sistema una serie de cuadros con experiencia organizativa en las luchas antibalagueristas, ligados a las diferentes formas de agregación para la acción social, entre las que se destacaban los clubes culturales, que pasaron de ese modo a efectuar labores progobiernistas abandonando su antiguo compromiso social.” Sin embargo, hubo numerosos grupos que no aceptaron la cooptación política y buscaron formas izquierdistas de integración política. Los Comités de Lucha Popular (CLP) creados a inicios de los ochenta, también utilizaron los clubes culturales y deportivos como fuentes para engrosar sus parcelas políticas y así poder hacerle oposición al gobierno del PRD. Inspirados por partidos de izquierda, los CLP jugaron un papel importante en las movilizaciones que se realizaron a principios de los ochenta en los barrios de la zona norte.
Ni la izquierda ni la derecha pudieron impedir que Salvador Jorge Blanco, candidato del PRD a las elecciones de 1982, ganara cómodamente. Jorge Blanco (1982-1986) había anunciado en su campaña que mantendría las libertades políticas y respondería a las reivindicaciones de las clases medias y los sectores populares. Sin embargo, tan pronto tomó posesión, inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que eventualmente llevaría a la devaluación de la moneda y a restricciones del gasto público para poder pagar la deuda externa que se había abultado en el Gobierno anterior. Sus medidas económicas fueron anunciadas durante la Semana Santa de abril de 1984: cuando la gente regresó de vacaciones, se encontró que los precios de los artículos de primera necesidad se habían disparado. El 24 de abril de ese año se desataron una serie de protestas en los barrios de la zona norte de lao ciudad de Santo Domingo que pronto se extendieron por todo el país. Los noticieros de radio y televisión se encargaron de transmitir las imágenes de los motines que se habían desatado en los barrios pobres de la capital. En medio del descontento que existía en el país por las medidas fondomonetaristas, las imágenes transmitidas por la televisión fueron la chispa que incendió la pradera; una especie de mandato para que todo el mundo levantara barricadas en campos y ciudades e impidiera el paso de la circulación vehicular. Los enfrentamientos con las fuerzas combinadas de la policía y las fuerzas armadas
o
5
proliferaron por todas partes. La magnitud de las protestas sorprendió al Gobierno y a toda la clase política, que no esperaba una reacción tan fuerte a las medidas anunciadas. El resultado de estas acciones represivas fue la muerte de más 150 personas y el arresto de miles de personas en todo el país. Esta respuesta gubernamental dio por terminadas las relaciones con el movimiento social progresista y los que quedaron aliados a él rompieron completamente con su pasado de compromiso social y político (Cassá, 1995:80-93; 2004:179-198; Espinal, 1995:63-79, Bobea, 1999:179-208).
Las protestas contra la política económica del Gobierno y las negociaciones con el FMI continuaron durante 1985 y se intensificaron durante el nuevo Gobierno de Joaquín Balaguer (1986-1990), quien ganó las elecciones gracias a la división política del PRD. Cuando Balaguer asumió el poder en 1986 dijo que reiniciaría las obras públicas que los gobiernos del PRD habían suspendido. Además, abrió un proceso judicial contra Jorge Blanco, acusándolo de corrupción durante su gestión. No fue difícil para Balaguer encontrar telas por donde cortar en un Gobierno que se caracterizó por los escándalos de corrupción. Sin embargo, Balaguer no estaba realmente interesado en poner fin a la corrupción, sino más bien en destruir políticamente a Jorge Blanco para que éste no pudiera presentarse como candidato a la presidencia. Balaguer tuvo éxito destruyendo a Jorge Blanco, pero no pudo responder a las reivindicaciones exigidas por los movimientos populares.2 Las huelgas se intensificaron durante su gestión como lo muestra el cuadro número 1. El porcentaje de acciones de protesta subió en un 13% en 1986 a 22 en 1988 y luego declinó, pero siempre muy por encima de los niveles que había durante la gestión de Jorge Blanco. Balaguer, evidentemente, tuvo que enfrentar fuertes movimientos de protesta, pero éstos no contaron con una oportunidad política propicia porque el Gobierno estaba en pleno control de la situación reinante, los empresarios lo respaldaban3, la Iglesia católica estaba dispuesta a convocar diálogos, lo que ya había contribuido a la división del movimiento social. Balaguer sabía que el movimiento sindical era débil; éste sólo tenía un 10 % de los trabajadores sindicalizados y entendía que un sector de sus dirigentes estaba satisfecho con su inclusión en los diálogos convocados por la Iglesia. Además, tenía claro que el movimiento social estaba dividido y en serias dificultades para convocar huelgas que pudieran amenazar a su Gobierno4.
2 Estas reivindicaciones incluían la armonización de aumentos de los salarios entre el sector público y privado, escala móvil de salario, automáticamente revaluada cada tres meses, orientación de partes de los recursos del Estado a la agricultura, reestructuración y saneamiento del sistema monetario, cese de la emisión de dinero “inorgánico” (dinero emitido sin que el Banco Central contara con los recursos de lugar) y de la política de grandes obras de infraestructura, auditoría y control financiero de las principales empresas nacionales, aplicación de la reforma agraria, alto a la privatización de la Compañía Dominicana de Electricidad, reducción de los precios de la medicina y la exigencia del pago de la deuda del gobierno con el fondo de los trabajadores de la construcción (Faxas, 2007:311).
3 Estos habían tenido conflictos con Balaguer en cuanto a la imposición de restricciones a la tasa de cambio. En 1988, bajo su presión, el gobierno se vio obligado a unificar la tasa cambiaria, pero siguió exigiendo que las divisas cambiadas en el Banco Central fueran usadas por el Gobierno para pagar la deuda externa, la factura petrolera y otras necesidades básicas (Espinal, 1995:71). Sin embargo, estos conflictos en ningún momento abrieron una brecha significativa entre Gobierno y empresarios para crear oportunidades políticas para los movimientos sociales.
4 En 1988 había siete centrales sindicales en el país que agrupaban apenas 10% de la PEA. Estas centrales respondían a los lineamientos de los diferentes partidos, lo cual contribuía aun más al debilitamiento de este sector.
o
6
Cuadro 1: Número de acciones colectivas en la República Dominicana, 1979-1990
Año
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Total
Número
17
52
37
65
107
127
218
294
411
505
274
239
2,346
Porcentaje
1
2
2
3
5
5
9
13
18
22
12
10
100
Fuente: Cronología del CEDEE, revisadas y cotejadas por Milton y Darío Tejada citado en Laura Faxas (2007: 237).
La situación de los movimientos sociales no mejoró en el curso de las elecciones de 1990 cuando todo parecía indicar que se abría una oportunidad política para canalizar sus reivindicaciones. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se había convertido en el partido de la esperanza, pues era el único que no había ejercido el poder y, por otro lado, el PRD estaba profundamente dividido. Aunque el PLD no se propuso como partido populista que procuraba llenar el vacío dejado por el PRD, a los ojos de la población, era la vía más adecuada para desalojar a Balaguer del poder. El PLD era un crítico acérrimo de la política económica de Balaguer y, en particular, atacaba la emisión de dinero “inorgánico” para financiar la política de construcción de grandes obras públicas por parte del Gobierno. Además, la emisión de dinero inorgánico provocaba una inflación muy elevada, lo cual causaba resentimiento pues, el poder adquisitivo se disminuía al tiempo que los salarios se mantenían estáticos. Esta era una de las reivindicaciones de los movimientos populares y, por ello, el PLD tenía amplio apoyo en la población.
Cuando se celebraron los comicios, la Junta Central Electoral (JCE), declaró a Balaguer ganador por menos de 1% de los votos emitidos. El PLD rechazó los resultados y convocó a una revisión del proceso pues, creía que su candidato, Juan Bosch, había ganado las elecciones. Luego de muchas presiones políticas, La JCE electoral accedió a investigar los alegatos de fraude del PLD, pero dos meses después emitió un boletín donde daba a Balaguer por ganador. El candidato del PLD llamó a movilizaciones para denunciar el fraude electoral, pero eventualmente tuvo que aceptar los resultados emitidos por la JCE.
Balaguer sabía que las elecciones habían sido controvertidas y que ganar por menos de 1% lo ponía en una situación realmente delicada. Eso explica por qué convocó a todas las fuerzas vivas de la nación a celebrar un Pacto de Solidaridad Económica para modificar la política económica que había ejecutado durante su gestión previa (1986-1990). Dicho pacto incluía: “liberalización de los precios y apertura económica, reforma tributaria y administrativa, política monetaria coherente, alto definitivo a la emisión de dinero ‘inorgánico,’ tasa de cambio única y aumento de salarios, aplicación de un sistema de pensiones y desarrollo de programas enfocados a los sectores más pobres de la población” (Faxas, 2007: 304; Ceara Hatton, 1996: 33-73). Hábilmente, Balaguer incluía algunas reivindicaciones de los movimientos sociales y esto fue atractivo para una parte de las centrales sindicales y del movimiento popular barrial.
Balaguer convocó a los empresarios, a las organizaciones populares, a la Iglesia católica y los partidos para que participaran en el pacto. Los empresarios apoyaron el Gobierno y lo mismo hizo la Iglesia católica y el PRD. El PLD se opuso a firmar el pacto aludiendo que esta era una estrategia de Balaguer para legitimar su mandato. Las
o
7
organizaciones populares nuevamente se dividieron en su respuesta, lo mismo que las centrales sindicales. Rafael Santos, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), considerada progresista, asistió a la firma del pacto, pero no lo firmó. Sin embargo, su presencia en el acto hizo que muchos pensaran que de esa manera lo legitimaba (Faxas, 2007: 302-309).
La firma del Pacto de Solidaridad muestra que el Gobierno, a pesar de haber ganado en elecciones seriamente cuestionadas por la oposición, mantenía la gobernabilidad, tenía el respaldo de la elite empresarial, la Iglesia y una parte significativa del movimiento social. Una vez más, no se propició una oportunidad política que beneficiara a los movimientos sociales. El Pacto de Solidaridad Económica había sido formulado en las altas esferas del Gobierno y la participación del movimiento social había sido insignificante.
Luego de la firma del pacto, el PLD con el apoyo de movimientos populares y sindicales convocó a una huelga el 13 y 14 de agosto, conocida como de “duelo nacional” para protestar por la toma de posesión de Balaguer (16 de agosto de 1990) y contra las medidas anunciadas en el pacto. Esta huelga tuvo un respaldo relativo en la población. Desgraciadamente, la Guerra del Golfo en el Cercano Oriente que estalló el 2 de agosto de 1990 creó un ambiente difícil para el país, pues los precios del petróleo se dispararon en el mercado internacional, teniendo un impacto negativo en la sociedad dominicana ya que los precios del transporte y los artículos de primera necesidad aumentaron significativamente. La Guerra del Golfo cambió el panorama político nacional y las organizaciones de los movimientos sociales se vieron en la imposibilidad de convocar a huelgas en vista de que no podían culpar al Gobierno por asuntos que estaban fuera de su control. No obstante, los líderes populares y sindicales convocaron dos huelgas nacionales en septiembre y noviembre de 1990. Las profundas divisiones al interior del movimiento sindical y popular, el agotamiento de la huelga nacional como método de lucha y, consecuentemente, la falta de apoyo a estas convocatorias, hicieron que éstas fueran rotundos fracasos. En estas condiciones se cerró el ciclo de protestas que había iniciado en 1979.
El surgimiento de COPADEBA y Ciudad Alternativa
En esta sección final analizamos la labor del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) y de Ciudad Alternativa. Nos interesa explicar por qué estas organizaciones pudieron desarrollar sus actividades en los barrios de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo y cómo lograron conseguir una parte importante de sus reivindicaciones cuando, como hemos visto, la mayor parte de los movimientos sociales no lograron doblegar al Estado para que respondiera con eficacia a las demandas exigidas. ¿Cuáles fueron las circunstancias sociales y políticas en la que surgen estas organizaciones y cuál fue la estrategia empleada para lograr sus objetivos?
El ciclo de protesta que se desarrolló entre 1979 y 1991 indudablemente proporcionó un contexto histórico favorable para que surgieran estas organizaciones. La historia de lucha de los barrios, lugar donde se escenificó la labor de estas organizaciones, contribuyó de forma definitiva su relativo éxito. Durante la revuelta de
o
8
abril de 19655 una parte significativa de los moradores de estos barrios formaron comandos de resistencia para repeler el cruce de los tanques del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas Dominicanas por el puente Juan Pablo Duarte, ubicado a un costado de los barrios. Estas fuerzas procuraban reforzar las unidades del Gobierno que estaban a punto de ser derrotadas por los comandos que dirigían la revuelta cívico-militar. Subsiguientemente, comandos de la zona norte combatieron a los infantes de la Marina estadounidense quienes, luego de la invasión del 28 de abril de 1965, procedieron a ejecutar el plan militar Operación Limpieza, que tenía por objetivo destruir la resistencia mantenida en estos barrios. La resistencia fue destruida, pero no dejó de constituirse en un elemento clave para el desarrollo de una identidad rebelde en muchos de los jóvenes de estos barrios. Posteriormente, muchos de ellos se organizaron en clubes culturales y deportivos que evolucionaron hacia organizaciones que promovían la concientización política y social. Luego de la fracasada revuelta de abril, los clubes se convirtieron en un bastión de agitación anti-balaguerista y anti-imperialista y, por consiguiente, fuente de captación de jóvenes con inclinaciones progresistas.
Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) fueron otro elemento fundamental en el desarrollo de los barrios. Frei Betto, el destacado teólogo brasileño, definió estas comunidades como:
pequeños grupos, organizados alrededor de una parroquia (urbana) o capilla (rural) e iniciados por laicos, sacerdotes u obispos. Éstas son comunidades porque reúnen a personas de la misma fe, pertenecen a la misma iglesia y viven en la misma región. Motivadas por su fe, estas personas viven juntas y discuten cuestiones relacionadas con su propia subsistencia tales como vivienda, lucha por mejores condiciones de vida, deseos y esperanza de liberación. Son eclesiásticas porque pertenecen a la Iglesia como el núcleo básico de comunidades de fe. Personas que trabajan con sus manos integran estas comunidades y esto es lo que las hace comunidades de base (clases populares) (Betto n.d., 10).
Las CEB constituían una manera especial de vivir la fe y las personas se reunían para conversar sobre distintos aspectos del Evangelio y como éste les ayudaba a comprender su situación. Los miembros de estas comunidades generalmente se identificaban con los problemas de la comunidad, lo cual llevó a pensar que eran igual que organizaciones populares. Los animadores de la CEB eran sacerdotes identificados con los principios de la teología de la liberación y proponían que se hiciera una crítica constructiva a las autoridades. El experimento de las CEB en República Dominicana comenzó en los primeros años de la década de los setenta, cuando un grupo de cinco sacerdotes jesuitas decidieron trasladarse a Guachupita. Los sacerdotes se mudaron a allí en 1972 y, diez años más tarde, el padre Benjamín Buelta recordaba que:
la inserción dentro de la comunidad era algo así como una exigencia material para nosotros pues debía transformar nuestra solidaridad con la causa real y comprensible. En
5 La revuelta de abril de 1965 se inició por una pugna entre diferentes sectores de los militares. Un grupo encabezado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez distribuyó armas a la población de la ciudad que estaba dispuesta a luchar contra el Gobierno que resultó del golpe de Estado dado a Juan Bosch en 1963. Fernández dirigía uno de los grupos en que estaban divididas las fuerzas armadas y se propuso dar un golpe de Estado para restaurar la constitución de 1963 y a Bosch como Presidente..
o
9
algunos aspectos éramos más pobres que esas personas. Analizábamos cada paso que dábamos y cuidadosamente hacíamos la revisión de nuestros gastos. Nos sometimos a una completa reeducación. Incluso deseábamos aprender a entretenernos como lo hacían los pobres. (González Buelta citado en Sáez 1990, 187–88)
Entre 1974 y 1978 los jesuitas sentaron las bases para el desarrollo de las CEB en los barrios. Se desarrollaron equipos comunitarios cuya acción pastoral se extendió más allá del “bienestarismo” y los sacramentos. Hacia el final de la década de los setenta ya se contaba con veinte grupos comunitarios desarrollando sus tareas, conducidos por animadores cuyo objetivo era unir la palabra de Dios con la realidad en la que vivían (Sáez 1990, 190). En el transcurso de las décadas de 1970 y 1980, ni el Gobierno, ni la jerarquía católica se sentían cómodos con el trabajo comunitario de las CEB. A diferencia de lo que pasaba en Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile, la mayor parte de los obispos dominicanos pensaba que las CEB estaban relacionadas con organizaciones políticas de izquierda. Las CEB comenzaron a establecer vínculos con los pobres de los barrios y fortalecieron las dimensiones tanto espiritual como humana de la misión de la Iglesia. La experiencia se limitó a los barrios de la zona norte de Santo Domingo, pero más tarde la red de las CEB se extendió a otros barrios de Santo Domingo y de una manera más limitada a otros sitios del país (Betances, 2007:131-139).
COPADEBA y su labor en los barrios de la zona norte
A diferencia de las organizaciones populares y sindicales, los moradores de los barrios lograron forjar alianzas sólidas con instituciones nacionales e internacionales que le ayudaron a conseguir sus objetivos. Inicialmente, los moradores se habían empezado a organizar en los clubes y en las CEB y, posteriormente, empezaron a crear sus propios comités de cuadra para tratar el tema de las redadas policiales, los accidentes que frecuentemente ocurrían en la avenida Padre Castellano en el barrio Espaillat, la vivienda y la propiedad de los terrenos en que estaban construidas sus moradas. En 1979, los moradores de los barrios de Espaillat, 27 de Febrero y los Guandules organizaron un comité pro-semáforo en la avenida Padre Castellanos. En los barrios Simón Bolivar y Capotillo se organizó otro comité contra las máquinas traganíqueles que se habían instalado allí. Asimismo, en Guachupita, Gualey, la Ciénega, la Zurza, el Ensanche Luperón, Villa María y las Cañitas y otros barrios donde se crearon comités para defender los derechos a la vivienda, la recogida de basura por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), arreglos de cañadas, los apagones, etc. En vista de que los distintos barrios estaban pasando por un proceso similar, pronto se vio la necesidad de coordinar la labor de los distintos comités y así es que empezó a forjarse la idea de lo que eventualmente sería el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) (Ceballo, entrevista, 2 de junio de 2007).
El tema de la vivienda era uno de los asuntos más apremiantes para los moradores de los barrios porque la familia Vicini, una de las poderosas del país, reclamaba que los terrenos donde estaban ubicados los populosos barrios le pertenecían. Según dicha familia, Trujillo le había expropiado sus terrenos a fines de los años cincuenta y no le había pagado. La familia Vicini exigía a los moradores y al Gobierno de Silvestre Antonio Guzmán (1978-1982) que le pagaran por sus terrenos o de lo contrario usarían la fuerza pública para desalojar a los residentes de sus propiedades. En 1978 los pobladores
o
10
formaron el Comité Contra los Vicini para luchar contra la amenaza de desalojo. Este comité se fue nutriendo de las diferentes organizaciones de cuadra que se estaban formando en los barrios y el 6 de mayo de 1979 convocó a los moradores de los alrededores de una iglesia que se estaba construyendo en el barrio Espaillat, ya que se tenía noticia de que la familia Vicini iba a desalojar la iglesia. En medio de una protesta para impedir el desalojo de la iglesia llegó la prensa y esta sirvió de vehiculo para que se hiciera de público conocimiento que COPADEBA ya existía (Rauber, 1995: 36).
La lucha contra los Vicini fue el reto más importante de COPADEBA en sus primeros años. Sabiamente, utilizó sus vínculos con los sacerdotes que animaban a las CEB para que le asesoraran en el proceso de lucha contra dicha familia. Las relaciones con los sacerdotes facilitaron una reunión con el Centro Dominicano de Asesorías e Investigaciones Legales (CEDAIL), una institución fundada en 1979 por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) y que tenía como objetivo cooperar con el trabajo de pastoral social que realizaba la Iglesia a nivel nacional (Campo, entrevista, 2004). COPADBA y CEDAIL formaron un equipo de investigación que arrojó resultados importantísimo para sustentar las reivindicaciones de los moradores: efectivamente, Trujillo había expropiado a la familia Vicini para ejecutar el Plan Trujillo de Urbanización.
Este plan contemplaba un masivo desalojo de personas y su reubicación en propiedades de la familia Vicini, donde hoy están ubicados los barrios. El Poder Ejecutivo emitió los siguientes decretos para fraccionar los terrenos de una finca propiedad de los Vicini: el decreto 1421 y 3210 de 1956 y 1957, los cuales declaraban el terreno de utilidad pública. El decreto 1421 declaró de utilidad pública 46 hectáreas, 24 áreas dentro de los términos de la parcela número 206-A-5, la cual tenía una totalidad de 356 hectáreas. El Estado ofreció pagar RD$36,996.96 pesos por la parte expropiada, pero Franz A. Vicini Ariza rechazó el pago por considerarlo irrisorio. Vicini Ariza apeló el caso y finalmente el Tribunal de Tierras emitió una sentencia el 30 de abril de 1956 fijando la cantidad en RD$50,000.00 pesos dominicanos6. Esta decisión tampoco fue aceptada por Vicini Ariza quien presentó un recurso de casación7, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso en marzo de 1957 a favor del Estado, negando una mejor indemnización. En este mismo año el Poder Ejecutivo emitió el decreto 3210 mediante el cual expropió toda la finca de la familia para ampliar las construcciones del Plan Trujillo de Urbanización en la zona norte de la ciudad. En esta ocasión Vicini Ariza no interpuso ninguna queja judicial, lo que indica que probablemente hubo algún tipo de negociación entre las partes8. Sin embargo, seis años después de la muerte de Trujillo, en julio de 1967, Vicini Ariza elevó dos sentencias pidiendo sólo el pago por la porción que se le había expropiado con el
6 En esta época un peso dominicano se cotiza a la misma tasa que el dólar estadounidense.
7 “De acuerdo a René Morel, un recurso de casación es una vía de recurso extraordinario, abierta a las partes en ciertos casos al Ministerio Público, que tiene por objeto hacer analizar por la Corte de Casación las sentencias dictadas en violación a la ley” (citado en Santana, 2004:53).
8 Raymundo González, asesor histórico de COPADEBA, informó al autor que Trujillo se cuidó las espaldas y en 1958 creó un fideicomiso donde se depositó el dinero para pagar la indemnización a la familia Vicini. Dicha familia era dueña de este fideicomiso, pero no se sabe si ella lo retiró. A juzgar por el proceso judicial que se llevó a cabo, el Estado valoró el terreno y el pago, aparentemente, no fue aceptado por la familia; este era un pago forzoso por que se hacía mediante una sentencia. González me informó que el equipo de investigación de COPADEBA y CEDAIL revisó los legajos de la Comisión de Reclamos de 1962, una entidad creada por el Consejo de Estado para responder a las quejas de aquellos que habían sido perjudicados de alguna manera por la dictadura de Trujillo. Sin embargo, allí no se encontró ningún reclamo de la familia Vicini (González, entrevista, 2007).
o
11
decreto 1421, pero no decía nada sobre la totalidad de los terrenos que fueron expropiados por el decreto 3210. Sorprendentemente, el juez apoderado del caso ignoró las sentencias anteriores y procedió a reconocer que el Estado no había pagado los RD$50,000.00 pesos dominicanos a Vicini Ariza y ordenó al Registrador de Títulos del Distrito Nacional que se abstuviera de efectuar transferencias a favor del Estado. El administrador de Bienes Nacionales, institución encargada de las propiedades el Estado dominicano, interpuso un recurso formal de apelación en 1968 y más tarde, en 1970, la Suprema Corte de Justicia resolvió mantener en vigor la resolución de 1956 dictada por el Tribunal de Tierras (Santana, 2004:51-57, Freddy Báez, entrevista, 2007).
El resultado de esta investigación fue entregada al presidente Silvestre Antonio Guzmán (1978-1982) en 1979 y se le pedía que pusiera en práctica los aludidos decretos. El Presidente fue muy amable con la comisión que lo visitó para entregarle el documento, pero no hizo nada para que el pedido se llevara a cabo. Sin embargo, el uso más importante que se hizo de esta información fue el programa de educación de los pobladores que COPADEBA inició. La gente conocía individualmente que tenía problemas con unos abogados que amenazaba con desalojarle de su casa, pero no sabía que este asunto era una cuestión pública que iba más allá de su situación personal. En ese momento COPADEBA entendió que era importantísimo educar a la población sobre sus propios problemas y, por ello, inició la publicación de un boletín, COPADEBA INFORMA, la organización de talleres de educación popular y charlas que tenían como meta explicar a los residentes de los barrios que los terrenos donde sus casas estaban ubicados pertenecían al Estado y no a la familia Vicini, se les explicaba su propia historia, cómo los barrios habían sido el producto de desalojos anteriores y se les convocaba a reuniones públicas y marchas de protestas para dar a conocer su inconformidad a las autoridades, a las cuales le pedían que pusieran fin a las amenazas de la familia Vicini. De esta manera COPADEBA atrajo la atención de muchos moradores que asistieron a sus múltiples reuniones y marchas de protestas frente a las oficinas de Bienes Nacionales, el Palacio Nacional, la sindicatura de Santo Domingo, etc. (Guevara, entrevista, 2007). Los resultados de la investigación también se emplearon para fundamentar las reivindicaciones de COPADEBA frente a los funcionarios de Bienes Nacionales cuando se lograban reunir con ellos para explicarle la situación creada por las amenazas de desalojos de la familia Vicini.
La familia Vicini, por su parte, entendió que el único recurso que le quedaba era amenazar a los moradores de los barrios con usar la fuerza pública para desalojarles de los terrenos. Esta amenaza se sumaba a las zozobras en que vivían unas 400.000 familias en los 12 barrios en que trabajaba COPADEBA. En realidad, no parecía que los Vicini estaban interesados en desalojar a los moradores sino más bien en conseguir que les pagaran por los terrenos. Los Vicini habían encargado a la firma de abogados José Diná Vicini y asociados para que actuara en su representación. Empezaron consiguiendo compradores entre los comerciantes que tenían miedo de perder sus negocios con la amenazas de desalojos. Los contratos de venta contenían en el fondo letras pequeñitas donde se reconocía que los terrenos estaban en letigio con el Estado. COPADEBA reunió cientos de cartas donde la firma de abogados invitaba a los moradores de los barrios a pasar por sus oficinas a la brevedad para resolver asuntos pendientes (González, entrevista, 2007). Ante esta situación, COPADEBA promovía la organización y coordinación de comités de cuadra que recomendaban a los pobladores de los barrios que no firmaran nada con los Vicini porque las tierras donde vivían pertenecían al Estado.
o
12
Esta labor eventualmente llevó a COPADEBA a ampliar su línea de trabajo comunitaria y buscaba responder a las necesidades de los moradores. COPADEBA comenzó también a participar en las reuniones de las organizaciones populares y sindicales que se realizaban en la ciudad y formó parte del Colectivo de Organizaciones Populares y, conjuntamente con estas organizaciones, participó en múltiples convocatorias a huelgas en la década de los ochenta, pero siempre mantuvo su autonomía con relación a estos movimientos, los partidos políticos, el Estado e incluso la Iglesia.
La creación de Ciudad Amternativa
La colaboración de COPADEBA con CEDAIL y un grupo de jóvenes intelectuales comprometidos con las CEB demostró que protestar no era suficiente, que era necesario tener conocimiento sobre la realidad social y política de la sociedad para poder echar adelante los proyectos de la organización. COPADEBA se dio cuenta de que debía tener una propuesta técnica que le permitiera ganar terreno, definir claramente lo que quería. Era necesario hacer “protestas con propuestas” y para ello debía organizar a los profesionales que le asesoraban. De estas discusiones surgió la idea de crear un organismo asesor separado de COPADEBA (Ceballo, entrevista, 2007). La situación se había complicado pues para 1987 ya no sólo los Vicini amenazaban con desalojos sino que también lo hacía el Gobierno de Balaguer (1986-1990) que impulsaba una política de remodelación urbana que implicaba el desalojo masivo de los moradores de la zona norte. Esta situación motivó una reunión en el Arzobispado de Santo Domingo con la presencia del arzobispo, agentes pastorales, cuyas parroquias se verían afectadas por los desalojos (Campo, entrevista, 2004).
Los vínculos con la Iglesia católica facilitaron el desarrollo de una relación con MISEREOR, una fundación católica alemana, que dispuso el envío de una comisión para evaluar la situación de los desalojos y hacer recomendaciones. La visita de esta comisión facilitó las cosas para que COPADEBA participara en el encuentro del Hábitat International Coalition que se realizó en Berlín en junio de 1987. Luego COPADEBA participaría en una comisión internacional, junto a representantes de México y Nicaragua, que convocó a un encuentro de una diversidad de organizaciones comunales latinoamericanas para analizar la problemática de la vivienda en la región. Finalmente, la visita de la comisión de MISEREOR concluyó con un informe. Este informe sirvió de base para la formulación de propuestas de trabajo y acompañamiento de los pobladores. Entre otras recomendaciones se destacan las siguientes:
1.
Conformación de un banco de información barrial.
2.
Promoción y capacitación para el fortalecimiento y extensión del modelo de organización barrial por comités de cuadra.
3.
Organización y coordinación interinstitucional de las diferentes organizaciones que trabajan contra los desalojos.
4.
Intercambios y capacitación de los actores que intervienen en los procesos.
5.
Actividades de denuncia y seguimiento de los procesos de desalojos (Mildre Beltré et al. 1993:17-19)
El informe de MISEREOR proponía la creación de un equipo técnico que debía dedicarse de manera exclusiva a asesorar a COPADEBA para tratar la problemática de
o
13
los desalojos. Este equipo debía preparar los materiales de formación para la capacitación de los miembros de COPADEBA y debía elaborar un diagnóstico de propuestas alternativas que respondieran a los problemas planteados por los moradores. Esta propuesta fue llevada a MISEREOR en Alemania por José Ceballo, coordinador de COPADEBA, Luisa Campos, fundadora de CEDAIL y por el padre Jorge Cela, secretario ejecutivo del equipo técnico del proyecto. El proyecto fue aprobado por MISEREOR, que dio fondos para que Cela, en 1988, organizara un seminario internacional con expertos nacionales y extranjeros. En este seminario, COPADEBA insistió en la necesidad de formular propuestas alternativas de mejoramiento urbano con la participación de los moradores. En breve, así surgió Ciudad Alternativa, una organización no-gubernamental con persona jurídica y capacitada para recibir fondos de donantes. Además, contó con la capacidad para negociar con el Gobierno y hacer propuestas técnicas que respondieran a las necesidades de los moradores de los barrios. Ciudad Alternativa se funda en 1988, pero no es hasta 1992 que adquiere su persona jurídica con el padre Cela como director ejecutivo. Bajo su dirección, se sentaron las bases para que Ciudad Alternativa se convirtiera en una ONG capaz de dar apoyo a las organizaciones de los moradores; sin embargo, tendría que aprender a relacionarse con las organizaciones barriales, no sólo con COPADEBA, la cual le había dado su origen (Cela, entrevista, 2007). Desde sus orígenes Ciudad Alternativa tuvo que enfrentar el reto de la remodelación urbana propuesta por Balaguer (1986-1990), lo cual implicaba el desalojo de los moradores de los barrios de la zona norte de la ciudad.
Remodelación urbana de Balaguer, 1987-1990
La gestión de Balaguer (1986-1990) se caracterizó por las construcciones de grandes obras de infraestructura. Según el Gobierno estas obras eran necesarias para responder al crecimiento desordenado de Santo Domingo. En cuanto a la zona norte de Santo Domingo, el Presidente encargó un estudio a la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en coordinación con la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). Este estudio se publicó en 1987 y se conoció como “Plan Indicativo de la Zona Norte de la Ciudad de Santo Domingo.” El plan proponía la construcción de una avenida de circunvalación que implicaba la remodelación de casi todos los barrios de la zona norte. En 1987 se calculaba que 70% de los habitantes de Santo Domingo vivían en barrios marginados cuya densidad demográfica se situada entre 300 y 600 habitantes por hectárea. Una parte importante de estos barrios está ubicada en la zona norte y, en particular, en la ribera del río Ozama por donde pasaría la avenida de circunvalación. En el plan también se proponía construir 15.000 viviendas en el primer período de construcción (1987-1990) en beneficio de 70.000 habitantes y 125.000 para 1992. En la segunda etapa (hasta el 2000) se beneficiaría a 500.000 habitantes (Faxas, 2007:320-322). Sin embargo, durante el período de 1986-1990 sólo se invirtieron 4.000 millones de pesos en la construcción de 25.000 unidades aproximadamente, lo que indicaría que a ese ritmo nunca se cumplirían las promesas hechas a los moradores (Gatón, 1996: 262). Por otro lado, Edmundo Morel y Manuel Mejía calculan que durante el período en cuestión el gobierno desalojó unas 30.000 familias dentro del marco de la remodelación urbana y que la mayor parte de los desalojados fueron trasladados del centro de la ciudad a la periferia (Morel y Mejía, 1996:272). Casi en todos los casos de desalojo se empleó la represión, se intimidó y
o
14
manipuló a los pobladores con promesas de casa para que aceptaran los desalojos (Hirujo, 1991). La gente era sacada de sus humildes moradas y no sabían dónde sería llevada. Es cierto que las casas en que vivía eran miserables, pero estaban localizadas en barrios donde los pobladores conocían a todo el mundo y su ubicación, a sólo diez minutos del centro de la ciudad, le permitía conseguir trabajo con relativa facilidad. Los desalojos implicaban que las personas eran llevadas a la periferia de la ciudad donde no tenían acceso a los servicios básicos como electricidad, agua potable, transporte público, etc. (Cáceres, entrevista, 2007). En síntesis, los desalojos rompían los lazos de solidaridad barrial y la identidad que se habían forjado a través de los años; en las nuevas localidades no tendrían familiares y amigos a quienes recurrir en momentos de dificultades. COPADEBA y Ciudad Alternativa podían colaborar con ellos mientras vivieran en los barrios, pero una vez reubicados ya no tendrían la capacidad técnica para ayudarles.
El Gobierno no pudo cumplir con la construcción de la avenida de circunvalación y otras obras faraónicas. Las protestas de COPADEBA y de los movimientos contra los desalojos contribuyeron a crear conciencia en los barrios sobre la situación de los desalojos tanto en la ciudad y como en el país en general, pero no pensamos que hayan forzado al Gobierno a suspender la construcción de la avenida. Esto lo produjo la situación política generada por las elecciones de 1990 y la crisis económica sin precedentes que el Gobierno enfrentó motivada, en parte, por la emisión de dinero inorgánico para la construcción de obras públicas y por el aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra del Golfo. En cierta forma, esa guerra creó una oportunidad política para que el Gobierno pudiera consolidarse e imponer su nueva política económica de inspiración neoliberal.
La labor comunitaria de Ciudad Alternativa y COPADEBA
Ciudad Alternativa enfocó una gran parte de su trabajo en la asesoría técnica a diversos grupos que traían propuestas mientras que COPADEBA seguía trabajando directamente en asuntos comunitarios. Ciudad Alternativa proponía
“el mejoramiento urbano como un proceso de intervención consciente y planificada, a través del cual la población organizada, partiendo de sus propias condiciones ya existentes, y con la participación del Estado y otras instituciones, realiza, de manera permanente, una transformación progresiva de su propio hábitat, haciendo énfasis en la integralidad del mismo, y asegurando la replicabilidad del proceso” (Morel, 1991:9).
El proyecto de Ciudad Alternativa se distinguía claramente de la remodelación urbana autoritaria del “Plan Indicativo de la Zona Norte de la Ciudad de Santo Domingo.” Su proyecto de mejoramiento urbano iba más allá de una simple estrategia de intervención. Sus propósitos se orientaban hacían la conformación de espacios de participación democrática a nivel local, que pudieran sentar las bases para cambios más profundos en el orden social existente. No se trataba de una simple mediación entre los pobladores y el Estado, sino en un enfoque integracionista de los moradores a la vida urbana. En breve, se partía del hecho de que los moradores urbanos son sujetos conscientes de su propia historia y miembros activos en la construcción de la convivencia ciudadana. Todo esto implica, entonces, “una participación activa en todas las fases y actividades del proceso, a saber: la identificación del problema, la búsqueda de la
o
15
solución, el planteamiento de la propuesta alternativa, la negociación y gestión de los recursos, la ejecución y administración de los proyectos, así como la evaluación y control de su desarrollo y la administración y manejo de los servicios.” (Morel, 1991:10).
Ciudad Alternativa procedió a elaborar propuestas para recaudar fondos en el extranjero para llevar a cabo su proyecto de mejoramiento urbano. En todo momento, se procedió a consultar con las autoridades del ADN para asegurarse que las obras de mejoramiento urbano no entraran en conflicto con los proyectos del Estado. Además, el Estado fue invitado a participar en todos los proyectos que se realizaron en los barrios de la zona norte, pero éste se limitó a las consultas técnicas y los fondos que se aportaron fueron muy limitados.
Con la ayuda financiera de MISEREOR, el Movimiento Laico para América Latina de Italia, la Fundación Ford y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Ciudad Alternativa ejecutó, en los años noventa, una serie de proyectos comunales en la Ciénega y los Gualey. Estos proyectos incluyeron un censo de las características socio-demográficas de Gualey, la Ciénega y los Guandules. En esos barrios también se trabajó intensamente en la construcción de pequeños puentes, calzadas, centros comunales; también en la entubación de una red de cañadas que se desbordan cuando llovía intensamente causando estragos en la población. Además, se construyó una escuela en la Ciénega que ha ayudado significativamente en la educación de los niños de esos barrios entre otras obras físicas (Ruiz, 2004:11-36. Tejada, 2000, Santana et al, 2002).
El trabajo comunitario de COPADEBA se centró en asuntos organizativos, educativos y políticos. En materia organizativa, coordinaba las actividades de los comités de cuadra e impartía talleres a los moradores sobre diversos aspectos de la vida en la comunidad. En materia política, mantenía su independencia con relación a la Iglesia católica, pero mantenía una relación bien estrecha que iba más allá de su relación con los sacerdotes ligados a la teología de la liberación. Por ejemplo, José Ceballo informó al autor que el entonces arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, acompañó una comisión de COPADEBA para reunirse con el presidente Balaguer para discutir asuntos relacionados con la familia Vicini. Por otro lado, COPADEBA, al igual que Ciudad Alternativa, rechazó todo vínculo de dependencia con partidos políticos y el Estado pues no quería pasar a ser dirigida por ellos. No obstante, no era apolítica y consideraba que su trabajo en los barrios tenía un contenido político; Nicolás Guevara informó a Isabel Rauber que
“el principio de la democracia empieza por la participación, y la participación no sólo implica estar presente en los espacios, sino también tener poder de decisión. Y para nosotros, el poder de decisión, la participación en sí, implica tener un pensamiento y una identidad. Nos consideramos con derecho a plantear la solución de los problemas que vivimos cotidianamente. ¿Qué significa esto? Que cualquier problema que nosotros vivimos en República Dominicana, y específicamente en nuestros barrios, puede ser analizado en la organización, en la comunidad, para encontrarle una solución. Pero no planteamos la solución para asumirla nosotros única y exclusivamente, sino para que la asuma el gobierno (sic) junto con la comunidad y algún otro sector. ¿Por qué? Porque cuando en algún barrio ha habido problemas de cierto tipo y vienen de fuera a querer
o
16
resolverlo, la situación se torna más grave porque la solución es peor que el problema mismo” (Rauber, 1995:28).
La filosofía política de COPADEBA difiere de aquella sustentada por gran parte de los movimientos populares y sindicales que se analizaron en la primera parte de esta ponencia porque no asume la política como una actividad que se limita a la protesta o procura simplemente socavar el sistema político para remplazarlo con otro sistema. COPADEBA se asume, entonces, como parte de un movimiento social que tiene reivindicaciones que exigirle al Estado y que conjuntamente con éste debe procurar una solución a sus problemas. Por otro lado, también asume una identidad cultural barrial definida por los valores que parten del medio en que se vive, en los términos de las creencias de la gente y cómo éstas actúan. Así la identidad está dada por el desarrollo de lazos solidarios, el estilo de convivencia humana, pero también incluye asuntos sociales, políticos, territoriales y el sentido de la igualdad (Rauber, 1995:76-77.
Conclusiones
Iniciamos este capítulo argumentando que las oportunidades políticas son fundamentales para determinar el éxito o fracaso de los movimientos sociales. En nuestro estudio encontramos que una revisión del contexto histórico en que se han desarrollado los movimientos sociales dominicanos en las últimas tres décadas revela que no ha habido estructuras de oportunidades políticas, donde los movimientos sociales tengan acceso a la participación, disponibilidad de aliados influyentes, cambios en las alineaciones políticas reinantes y conflictos entre las elites o entre éstas y el Estado. En la República Dominicana encontramos que la transición democrática sólo ha permitido acceso a la participación política, pero que ningunas de las otras condiciones de una estructura de oportunidad política han estado presentes. Esta situación impidió en gran medida, las posibilidades de éxitos de los movimientos sociales dominicanos.
La debilidad institucional y la división política de las organizaciones representativas de los movimientos populares y sindicales fueron decisivas para que el Gobierno se negara a satisfacer la mayor parte de las reivindicaciones que se levantaron. Esto explica por qué el ciclo de protestas no produjo grandes resultados a pesar de las grandes luchas que se libraron contra los gobiernos del PRD y de Joaquín Balaguer. La guerra del Golfo también contribuyó para finalizar dicho ciclo.
COPADEBA y Ciudad Alternativa pudieron realizar grandes logros a pesar de no haberse dado una estructura de oportunidad política. Sus logros se debieron, en parte, al contexto favorable propiciado por el ciclo de protestas, pero también a sus lazos directo con moradores de los barrios y con la Iglesia Católica que le permitió establecer relaciones con donantes internacionales.
Bibliografía
Entrevistas realizadas por el autor en la ciudad de Santo Domingo.
Báez, Freddy. 2007. Abogado de Cedail y asesor jurídico de COPADEBA. 12 de junio.
o
17
Cáceres Mendoza, Francisco. 2007. Encargado del área social del segundo equipo de Ciudad Alternativa. 20 de junio.
Campo, Luisa. 2004. Directora-fundadora de Cedail. 30 de junio de 2004.
Ceballo, José. 2007. Primer coordinador de COPADEBA, 1979-1990. 2 de junio.
Cela, Jorge, SJ. 2007. Primer director ejecutivo de Ciudad Alternativa, 1988-1992. 2 de junio.
González, Raymundo. 2007. Asesor histórico de COPADEBA. 13 de junio.
Guevara, Nicolás. 2007. Coordinador del área de mejoramiento barrial (1987-1990) y coordinador general de COPADEBA, 1990-19992. 19 de junio.
Libros, revistas y periódicos
Beltré, Mildred et al. 1993. “El aporte de cedail en el área jurídica dentro del proyecto Ciudad Alternativa (Informe Final).” Santo Domingo: CEDAIL.
Betances, Emelio. 2007. The Catholic Church and Power Politics in Latin America. The Dominican Case in Comparative Perspectives. Boulder, Colorado: Rowman and Littlefield, Inc.
Betto, Frei (s.f.). What Are the Eclesial Base Communities? Managua, Nicaragua: Centro Valdivieso.
Bobea, Lilian. 1999. “De la protesta a la propuesta: articulaciones entre los movimientos populares y el Estado en República Dominicana” en López Maya, Margarita (editora). Lucha Popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste. Caracas, Venezuela: Nueva Sociedad.
Cassá, Roberto. 1995. “Recent Popular Movements in the Dominican Republic,” en Latin American Perspectives, edición 86, Vol. 22, Núm. 3.
---. 2004. “Evolución reciente de la protesta social” en Desde la Orilla. Hacia una nacionalidad sin desalojos. Editado por Torres-Saillant et al. Santo Domingo: Editora Manatí/Librería Trinitaria.
Ceara Hatton, Miguel. 1995. “De reactivación desordenada hacia el ajuste con liberalización y apertura (1987-1990 y 1991-1992)” en Betances, Emelio y Spalding, Hobart, editores. The Dominican Republic Today. Realities and Perspectives. New York: Bildner Center for Western Hemisphere Studies.
Espinal, Rosario. 1995. “Economic Restructuring, Social Protest, and Democratization in the Dominican Republic” in Latin American Perspectives, edición 86, Vol. 22, Núm. 3.
Faxas, Laura. 2007. El Mito. Sistema político y movimiento popular en la República Dominicana, 1961-1990. México: Siglo XXI, FUNGLODE y FLACSO.
Gatón, María. 1996. “Las políticas nacionales de vivienda en la década del ’80 y su relación con los ajustes económicos,” en Antología de Ciudad Alternativa. Santo Domingo: Editora Corripio.
Hirujo, Santiago. 1991. “De la Ciénega a Las Caobas: un mito por decreto,” El Siglo, Septiembre 27.
McAdam, Doug et al. 2001. Dynamics of Contention. Cambridge, UK: Cambridge University press.
o
18
Melucci, Alberto. 1980. “The New Social Movements: A Theoretical Approach,” in Social Science Information, 19:199-226.
---.1988. “Getting Involved: Identity and Mobilization in Social Movements,” en Klandermans, Bert, Kriesi, Hanspeter y Tarrow, Sidney (editado). From Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across Cultures. International Social Research, Vol. I, Greenwich, Conn: JAI, pp.329-48.
Morel, Edmundo. 1991. Mejoramiento urbano: concepto, ventajas y dificultades. Santo Domingo: Serie de Folletos de Ciudad Alternativa.
Morel, Edmundo y Mejía, Manuel. 1996. “El impacto de los desalojos: la constitución o reconstitución de las identidades,” en Antología de Ciudad Alternativa. Santo Domingo: Editora Corripio.
Pérez, César y Artiles, Leopoldo. 1992. Movimientos sociales dominicanos. identidad y dilemas. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
Rauber, Isabel. 1995. Construyendo poder desde abajo. Una experiencia de participación y organización barrial dominicana. Santo Domingo: Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, SJ y COPADEBA.
Ruiz, Remedios. 2004. Sistematización de la experiencia. Planificación urbana participativa en la Ciénega y los Guandules. Santo Domingo: Ediciones de Ciudad Alternativa.
Sáez, José Luis, SJ. 1990. Los Jesuitas en la República Dominicana. Vol. 2, Hacia el Medio Siglo (1962-1986). Santo Domingo: Archivo Histórico de las Antillas.
Santana, Julio César et al. 2002. Gualey. Características socio-económicas y demográficas. Santo Domingo: Ciudad Alternativa.
Santana, Julio César. 2004. Zona Norte: La expulsión de los excluidos. Santo Domingo: Ciudad Alternativa.
Snow, David et al. 2005. The Blackwell Companion to Social Movements. Victoria, Australia: Blackwell Publishing.
Tarrow, Sidney. 1994. Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics. Melbourne, Australia: Cambridge University Press
Tejada, Raúl. 2000. La Ciénega y los Guandules. Características socio-económicas y demográficas. Santo Domingo: Ciudad Alternava.
Touraine, Alan. 1968. Le movement de mai ou le communism utopique, París: Seuil
---. 1969. La societé post-industrielle. París: Denoel.
---.1987. Actores y sistemas políticos en América Latina. Santiago: PREALC.
o